Prohibición de cobros en el Ministerio Público y nuevo canal de denuncias

La Fiscalía General del Estado ha reafirmado a todos sus fiscales y empleados que está estrictamente prohibido solicitar, exigir, cobrar o recibir dinero en cualquiera de sus formas. Esta advertencia se extiende a todo el país y se han establecido medidas disciplinarias y penales para quienes desobedezcan estas normas.

El comunicado oficial enfatiza que cualquier solicitud de dinero es considerada una falta grave y podría derivar en la comisión de delitos relacionados con la corrupción pública. Los servidores públicos que fallen en cumplir con estas disposiciones enfrentarán un proceso disciplinario inmediato y podrían ser remitidos a la justicia penal, además de arriesgar su puesto.

Alcance de la prohibición y acciones a seguir

La restricción abarca a fiscales departamentales, fiscales de materia, así como al personal administrativo y de apoyo de la institución. Se prohíben expresamente cualquier tipo de contribuciones económicas, ya sea que se presenten como cuotas, aportes o cobros irregulares, sin importar la justificación proporcionada.

Para facilitar la denuncia de irregularidades, la Fiscalía ha puesto en marcha el sistema 'Denuncia Digital Directa'. Los ciudadanos que tengan conocimiento de casos de cobranza ilegal pueden reportar estas situaciones mediante un código QR que acompaña el comunicado o a través de la plataforma oficial de la institución.

Además, la Fiscalía ha asegurado la protección de la identidad de quienes realicen denuncias, con el fin de prevenir represalias o intimidaciones hacia los denunciantes.

Esta medida se encuentra alineada con el Decreto Supremo 5749, que tiene como objetivo regular la recepción y tratamiento de denuncias sobre cobros ilegales, extorsiones y otros delitos patrimoniales en procedimientos judiciales o administrativos, abarcando a todos los funcionarios del Ministerio Público, el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional y la Policía Boliviana.

• Prohibición de cobros para todos los fiscales y personal del Ministerio Público.
• Establecimiento de un canal digital para denuncias.
• Protección de la identidad de los denunciantes.