Promulgación de la Ley 436: Nuevas responsabilidades para el gobierno central

Este miércoles, el presidente Rodrigo Paz oficializó la Ley 436 de Retorno Económico, la cual establece que el gobierno central asume la responsabilidad de financiar obligaciones relacionadas con el régimen penitenciario y el bono de vacunación, trasladando así estas cargas desde las gobernaciones a nivel nacional.

Uno de los aspectos más significativos de esta ley es que el Ministerio de Gobierno se encargará de los costos de los prediarios y de los gastos operativos del sistema penitenciario en todo el país. Esto implica que las gobernaciones ya no tendrán que destinar parte de sus presupuestos a estas obligaciones.

La ley también establece que el financiamiento del bono de vacunación, que beneficia a la población, será responsabilidad del Ministerio de Salud y Deportes, eliminando la necesidad de que las gobernaciones utilicen sus recursos departamentales para este fin.

Respecto a la aplicación de la norma, se especifica que las obligaciones generadas antes del año 2026 seguirán siendo cubiertas por los gobiernos autónomos departamentales, conforme a la regulación vigente en el momento en que dichas obligaciones se generaron. A partir de 2026, se mantendrán algunas transferencias departamentales para entidades como la Autoridad Binacional Lago Titicaca y el Servicio al Mejoramiento de Navegación Amazónica.

La Ley 436 busca reestructurar la distribución de responsabilidades financieras, aliviando a los gobiernos departamentales de ciertos compromisos nacionales y permitiendo que esos recursos se destinen a otras necesidades locales.

La promulgación de esta ley se llevó a cabo en compañía de varios gobernadores y en un contexto de diálogo sobre la distribución de recursos en el marco del proceso denominado 50/50.