Reformas en el sector minero buscan regularizar la actividad y frenar la ilegalidad

El Ministerio de Minería de Bolivia ha iniciado una serie de reformas con el objetivo de combatir la minería ilegal y mejorar la regulación del sector. El enfoque principal es agilizar la emisión de Contratos Administrativos Mineros (CAM), lo que busca proporcionar seguridad jurídica a las operaciones mineras en el país.

Para facilitar este proceso, el Gobierno ha eliminado 11 resoluciones ministeriales que imponían requisitos adicionales a los establecidos en la Ley 535. Además, se prevé la digitalización de los trámites administrados por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con el fin de reducir el tiempo de espera y fomentar la formalización de nuevos proyectos.

El ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, ha señalado que aún existen operaciones que funcionan sin licencia ambiental y ha destacado la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización. Esto se hace evidente en el reciente caso de un decomiso de 189 kilogramos de oro con documentación falsificada en el aeropuerto de Viru Viru, lo que resalta las fallas en el control del comercio.

Entre los objetivos de estas reformas también se encuentra la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera, alineándose con el Convenio de Minamata. Calderón mencionó que Bolivia busca implementar tecnologías limpias que se utilizan en países como Colombia y Ecuador, las cuales permiten la recuperación de oro sin la utilización de mercurio, especialmente en operaciones donde sea viable técnicamente.

Calderón advirtió que la lucha contra la minería ilegal requiere de mayores recursos tecnológicos y operativos. Se está considerando la incorporación de un sistema de monitoreo satelital para detectar actividades ilegales a tiempo. No obstante, existen zonas con un alto riesgo debido a la presencia de grupos armados, lo que hace necesario coordinar acciones con la Policía Boliviana y, en ocasiones, con las Fuerzas Armadas.

A pesar de las reformas propuestas, surge la preocupación sobre el equilibrio entre la urgencia ecológica y la presión económica. Si bien la agilización en la entrega de CAM busca formalizar el sector y frenar la clandestinidad, este proceso podría también