Adriana Jiménez, diputada de la alianza Libre, ha denunciado que más de dos mil funcionarios de empresas estatales estratégicas reciben salarios mensuales que sobrepasan los 20.000 bolivianos. Según la información presentada por la legisladora, 470 de esos trabajadores tendrían ingresos que varían entre 30.000 y 88.000 bolivianos.
La diputada argumentó que esta información fue obtenida a través de sus gestiones de fiscalización y cuestionó la razonabilidad de tales salarios en un contexto donde la población enfrenta crecientes dificultades económicas, aumento del costo de vida y la eliminación de subvenciones estatales.
Jiménez propuso que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de las remuneraciones en el sector estatal, sugiriendo que deben aplicarse criterios de transparencia y proporcionalidad, especialmente en empresas que desempeñan funciones clave para el Estado.
La denuncia plantea importantes interrogantes sobre la estructura salarial, los procedimientos de contratación y los criterios utilizados para determinar los ingresos de los funcionarios públicos. Estos aspectos son cruciales para entender la gestión de recursos dentro del Estado.
Es importante señalar que las cifras presentadas provienen de una denuncia legislativa y que es necesario contrastarlas con las planillas oficiales y los registros de las empresas implicadas, así como con las autoridades responsables. La mera publicación de estos datos no constituye prueba suficiente de irregularidades administrativas o legales.
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