FEPO alerta sobre la creciente minería ilegal en la Cumbre Minera 2026

La Cumbre de Minería 2026, llevada a cabo el 29 de julio en La Paz, puso en la agenda la preocupante falta de seguridad jurídica y el impacto negativo del 'juqueo' en Bolivia. La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) destacó la parálisis de las inversiones y propuso una nueva legislación para contrarrestar las economías ilícitas que afectan al sector.

Jill Peñafiel, presidenta de la FEPO, hizo un llamado a prestar atención a los avasallamientos que están perjudicando a las empresas mineras. Por su parte, Jaime Cuellar, asesor jurídico de la FEPO, analizó la reciente tragedia en Huanuni, indicando que es un reflejo de la toma violenta de territorios estratégicos por parte de grupos criminales. Además, comunidades indígenas han expresado su indignación por la devastación ambiental provocada por la minería no regulada.

La cumbre tiene como objetivo redactar un nuevo Código Minero, y se espera que surja una ley corta que será socializada por el Ministerio de Economía. Las organizaciones cooperativistas han solicitado la necesidad de distinguir entre la minería informal y la delictiva para asegurar espacios de trabajo seguros para los pequeños productores.

La situación actual ha llevado a una estancamiento en las inversiones en el ámbito minero, y las comunidades locales se enfrentan a serios problemas de salud y contaminación debido a la minería ilegal. En este contexto, la Gobernación de Oruro está considerando declarar el cerro Posokoni como una zona restringida para mitigar las pérdidas económicas y proteger vidas.

La urgencia de la discusión se acentuó tras los trágicos sucesos del 26 de julio en el cerro Posokoni, donde fallecieron dos militares y un trabajador minero. Mientras que el Ministerio de Defensa atribuyó estas muertes a un deslizamiento de tierra, tanto familiares como la FEPO han denunciado que se trató de una emboscada orquestada por bandas de 'jucus'.

Ante este alarmante panorama, la FEPO sugiere que el proyecto de ley propuesto debe reforzar la persecución penal relacionada con el 'juqueo' y actividades delictivas conexas. La situación se complica aún más con la creciente influencia de mafias ilegales, mientras que el Estado parece centrarse en cuestiones burocráticas, dejando un vacío en la regulación del sector minero.